21/7/12

Denunciamos.


MuNDo AsPeRGeR  se suma a la iniciativa de la Federación Andaluza del Síndrome de Asperger, denunciando la doble ofensiva del Gobierno contra las personas con discapacidad.

El Gobierno está ninguneando al colectivo de discapacitados, cuyos derechos, firmemente defendidos durante mucho tiempo, quedaron plasmados en la Convención de Discapacidad de la ONU, ya que existen colectivos como las personas con Trastornos del Espectro Autista, síndrome de Asperger y otros trastornos del desarrollo, cuya diversidad funcional implica unas necesidades de apoyo sostenido en forma de derechos educativos y asistenciales que no pasan por el concepto de rehabilitación, sino por el de inclusión social, protección contra el acoso escolar, acceso protegido al empleo y mantenimiento de grupos de apoyo de afectados y familiares. Estas necesidades no se ven cubiertas en ningún caso.

Por eso, desde aquí nos sumamos a la campaña iniciada en Andalucía y que ya cuenta con el apoyo de otras asociaciones provinciales como la canaria (ASPERCAN) o la murciana (ASPERMUR), y junto a ellos exigimos la retirada del borrador de la Ley General de Dependencia, denunciamos los recortes a la atención de los más desfavorecidos y exigimos también la apertura de un proceso de diálogo transparente en el que sean oídas de forma directa TODAS las organizaciones de representantes de discapacidad.

Si nos apoyas deja tu firma AQUÍ  (solo te llevará un minuto).

Para más información sobre este asunto adjuntamos el comunicado de la Federación Asperger España sobre la Ley de Dependencia y el de la Federación asperger Andalucía sobre la doble ofensiva del Gobierno contra las personas con discapacidad:

1. COMUNICADO DE LA FEDERACION ASPERGER ESPAÑA SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE DEPENDENCIA.
  En respuesta a la pretendida reforma del Sistema de Dependencia anunciada en el Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la Federación Asperger de España desea hacer públicas las siguientes consideraciones: Estamos radicalmente en contra de la discriminación que para nuestro colectivo, las personas con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista, supone la reformulación que se pretende hacer de los acuerdos y consensos urdidos con tanto esfuerzo durante los últimos años y que se manifiesta, una vez más, en recortes para las personas más vulnerables y con menos capacidad de defensa.
  El objetivo implícito que se pretende es dejar de atender a aquellas personas que lo necesitan con la excusa de que “su grado de afectación es menor” transformando el sistema de protección social en un modelo de caridad que nos retrotrae a tiempos lejanos y, pensábamos, ya superados. ¿Cómo conseguir esto? Muy sencillo: Tomándose la administración, como dice la nueva ley, dos años para decidir sobre la concesión de la prestación a la persona preceptora. Esta burla intolerable nos conduce a una verdadera eutanasia social a la que no vamos a asistir impasibles. La dejación de funciones del Estado y del resto de Administraciones Públicas trae como consecuencia inmediata que la única atención que reciban las personas con SA y otros trastornos del espectro autista de alto funcionamiento proceda de la solidaridad entre familias, mediante la creación de servicios propios costeados con unos sueldos y pensiones familiares cada vez más exiguos. Sin embargo, no podemos asumir su mantenimiento si a nuestros hijos/as no se les valora en un plazo éticamente justificable y, cuando se hace, ello constituye una herramienta para expulsarles indefinidamente del sistema por el gravísimo pecado de ser dependientes moderados. Resulta, por tanto, inadmisible el abandono a su suerte de tantas familias que se desviven por proporcionar a sus familiares algún tipo de oportunidad en la vida. Rechazamos frontalmente la reducción de las prestaciones económicas (ya, de por sí, escasísimas) que hasta ahora se percibían, ya que son la única ayuda que reciben sólo algunas de las personas con síndrome de Asperger. A esto se une que no pueden acogerse a servicios de promoción de autonomía personal, centros ocupacionales o residencias que, aunque no sean los más apropiados para ellas, supondrían una posibilidad de salir del encierro y aislamiento de sus casas.
  Es por ello que, en consonancia a lo manifestado por el CERMI, CEOMA y UDP, entre otros, exigimos la apertura de un proceso de diálogo, consensuado y razonable, donde esté incluida la opinión de todos los destinatarios de dicha ley a través de todas sus asociaciones representativas. 
Federacion Asperger España
 Madrid a 13 de julio de 2012





2. LA FEDERACION ASPERGER ANDALUCIA DENUNCIA LA DOBLE OFENSIVA DEL GOBIERNO CONTRA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

  El actual Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de Ana Mato, ha emprendido una doble ofensiva contra los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, escudándose en aparentes “actualizaciones” o “modernizaciones” de conceptos, leyes, derechos y prestaciones, que no son sino lo contrario: regresiones en la ya larga lucha reivindicativa del colectivo, que ha alcanzado hitos internacionales plasmados en la Convención de Discapacidad de la ONU. Esta doble ofensiva se plasma, por un lado, en los recortes directos al apoyo económico que reciben personas y organizaciones sin ánimo de lucro, además del inaceptable retraso en el pago de subvenciones ya acordadas y pagadas por las organizaciones a los trabajadores que de estas dependen, y que en la realidad cubren las necesidades básicas de los afectados que las Administraciones no atienden Por otro lado mediante la “redefinición” sesgada de los términos, baremos y criterios sobre la discapacidad infantil en cuya elaboración no participan los colectivos de afectados; en ese sentido es especialmente preocupante la terminología empleada en el borrador de la Ley General de Discapacidad, que considera a ésta como algo defectuoso que se ha de rehabilitar, sin contemplar en ningún momento el concepto de “diversidad funcional”. En dicho borrador se habla de “accesibilidad”, como si la discapacidad se limitase a problemas sensoriales o motóricos, Existen colectivos, como las personas con Trastornos del Espectro Autista, síndrome de Asperger y otros trastornos del desarrollo, cuya diversidad funcional implica unas necesidades de apoyo sostenido en forma de derechos educativos y asistenciales que no pasan por el concepto de rehabilitación, sino por el de inclusión social, protección contra el acoso escolar, acceso protegido al empleo y mantenimiento de grupos de apoyo de afectados y familiares.
  
Denunciamos el oscurantismo en el que se está llevando a cabo este proceso y también la gran diferencia de apoyos recibidos a través de los impuestos que pagamos todos los españoles para fines sociales. No consideramos que las organizaciones que atienden a personas con discapacidad o diversidad funcional tengan que competir entre sí por la financiación estatal, ni que ésta se “otorgue” favoreciendo a aquellas que ya forman parte del entramado político, por antigüedad o proximidad al poder, en detrimento de otras que siguen mantenidas en la marginación política social y económica, al igual que sus afectados. Denunciamos además que los recortes obligan a muchas de las asociaciones a acudir a la financiación de las Obras Sociales de la banca, en menoscabo del concepto de justicia social crecientemente sustituido por el concepto de caridad. Consideramos fuera de toda ética hurtar derechos y prestaciones, para saciar la voracidad de la banca privada a la que se está regalando dinero público que a la postre no revierte más que en los bolsillos de unos pocos, con la complicidad de una clase política bien pagada al servicio del poder financiero. Por todo ello la Federación Asperger de Andalucia exige la retirada del borrador de la Ley General de Dependencia, denuncia los recortes a la atención de los más desfavorecidos y exige la apertura de un proceso de diálogo transparente en el que sean oídas de forma directa TODAS las organizaciones de representantes de discapacidad.