3/10/11

Meses sin recibir las subvenciones públicas

La gran red asociativa que da cobertura en España a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias está asomándose al abismo por culpa de los impagos. Las residencias donde se atiende a estas personas, así como los centros de día y particularmente los centros especiales de empleo, donde encuentran una ocupación remunerada, llevan largos meses sin recibir las subvenciones públicas estipuladas.
En tiempos de bonanza, las entidades de la discapacidad intelectual han ido sorteando el temporal y buscando dinero de otras fuentes, obra social de las cajas, créditos en los bancos o conciertos benéficos, por ejemplo. Pero la crisis ha mermado esas vías de ingreso así que la situación es particularmente penosa.


El director de FEAPS (un movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias) sabe que la situación económica es delicada, por eso, dice, "no se está pidiendo aumento de presupuestos, sino que se haga efectivo el cobro comprometido. Esto es una cuestión de derechos" afirma. De agravarse la situación, y temen que 2012 sea un año peor aún, calculan que entre 10.000 y 12.000 personas se pueden ver afectadas directamente.
El CERMI, la plataforma de representación y encuentro de los discapacitados españoles, encauza la representación de los discapacitados e instrumenta su participación y la defensa y promoción de sus derechos ante los poderes públicos y la sociedad civil. (Dirección: Gran Vía Ramón y Cajal, 13; 46007 Valencia, Teléfono: 96 316 80 54). El CERMI CV (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) denuncia la crítica situación económica que sufren sus entidades por culpa de la administración. Quiere manifestar ante la sociedad valenciana, las administraciones públicas y ante el propio tejido asociativo de la discapacidad, su más profunda preocupación por los retrasos en los pagos de las subvenciones, por parte de la administración autonómica, de los programas de atención a personas con discapacidad, programas de inserción laboral, programas de formación para personas con discapacidad, etc. Estos retrasos en el pago de las subvenciones ha provocado que muchas entidades se encuentren en una situación totalmente precaria, sin poder pagar sus nóminas a sus profesionales y mucho menos pagar a sus proveedores.
El CERMI CV constata que a pesar de la afirmación constante que nos hacen los responsables políticos, de que no hay recortes, hemos visto en 3 años desaparecer prácticamente los programas de inserción laboral (PIES) y los talleres de formación de inserción socio-laboral (TFILES). Para las personas con discapacidad una de la metas indispensables para su autonomía personal es lograr empleo, y sin embargo, con dicha desaparición de programas difícilmente podemos las asociaciones ayudar a encontrar dichos empleos.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno prepara un nuevo decreto para regular la relación laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Este nuevo decreto contemplaría la posibilidad de que los trabajadores con discapacidad pudieran pedir excedencia de esos centros para incorporarse en empresas ordinarias. Pero la iniciativa se encuentra aún en fase de consulta.El decreto propone que todos los centros deberán llegar a un acuerdo con los trabajadores con discapacidad para desarrollar individualmente un programa de desarrollo laboral que permita a esos trabajadores prepararse para poder trabajar en otro entorno.





"Las personas con discapacidad necesitamos ayudas, pero sobre todo que se supriman y se erradiquen los obstáculos y las barreras que dificultan la participación ordinaria en el curso de la vida comunitaria; queremos hacer lo que otros hacen", ha reclamado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez.
El CERMI CV acoge en su seno a las grandes organizaciones de la discapacidad física, intelectual, mental, sensorial y orgánica (más de 400.000 personas en la Comunidad Valenciana) y sus entidades (más de 250 asociaciones) atienden actualmente a miles de personas con discapacidad en distintos terrenos: educación, sanidad, transporte adaptado, centros de atención a grandes discapacitados, etc.
Asimismo, alrededor del sector de la discapacidad trabajan miles de personas que también ven peligrar sus puestos de trabajo, independientemente de que, en algunos casos, las organizaciones ya han tenido que recortar sus plantillas y retrasar el pago durante algunos meses de sus salarios, tal y como hemos señalado.