30/11/10

Por una educación inclusiva real y efectiva.



Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (el próximo 3 de Diciembre) se están activando las comunicaciones y la publicación de manifiestos y programas de actividades que promueven la integración de los discapacitados. Por ejemplo en Valencia se realizará la primera jornada de capacidad en el Centro Cultural Bancaja, con acceso gratuito y libre.

De entre los comunicados y manifiestos promovidos estos días me ha interesado especialmente uno del cual reproduzco a continuación un extracto. Se trata del comunicado de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reproducido por ASPAU (Asociación Proyecto Autista) en su Web. Para leerlo entero basta con pinchar aquí.
Se reclama a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de tomar conciencia y adoptar medidas transformadoras, en todos los planos, que garanticen la igualdad de trato y oportunidades, el acceso y el derecho a la inclusión en la comunidad, y acaben con las discriminaciones de toda índole que todavía sufren los discapacitados. La educación inclusiva y la gestión de la diversidad, la enseñanza, debe proporcionar a las personas con discapacidad los conocimientos, las habilidades y las destrezas que compensen las desigualdades y desventajas con las que se encuentran. Es imprescindible mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades.  
Se ha de entender la educación inclusiva desde los paradigmas de calidad educativa, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal a lo largo de todo el ciclo vital, asegurando la educación permanente de las personas con discapacidad como fórmula de promover su autonomía personal, el libre desarrollo de su personalidad, ejerciendo siempre el derecho a tomar sus propias decisiones y eligiendo su modo de vida, y su inclusión social. Por eso se reclama a los poderes públicos que se garantice el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios,  proporcionando los apoyos necesarios. Se debe garantizar la identificación temprana de las necesidades educativas, así como la disposición de recursos humanos, didácticos y tecnológicos que permitan ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades existentes en cada caso.
Para una identificación temprana de la discapacidad y una atención preventiva y compensadora se necesita mayor coordinación entre las distintas instancias y dispositivos por lo que es necesaria la revisión y actualización urgentes de la legislación estatal y autonómica en materia educativa.
La opción por la educación inclusiva, para que sea real, debe movilizar inversiones e ir acompañada de recursos suficientes. Entre tanto se alcanza un sistema educativo coherente con el principio de inclusión, es necesario que la legislación establezca la obligación de garantizar la libre elección de la modalidad educativa y de escolarización por parte del alumnado con discapacidad o de sus familias, respetando sus preferencias y ofreciéndoles información adecuada.
Los principios de no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos deben incorporarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los de evaluación, en la aplicación de los materiales didácticos y las nuevas tecnologías, así como en los contenidos de formación y adquisición de competencias del profesorado. Por eso ha de promoverse en la formación inicial, como en la formación permanente del profesorado y los orientadores educativos, una adecuada cualificación y especialización acomode su intervención al alumnado con discapacidad.




Es importante que el alumnado con discapacidad encuentre una oportunidad y no una barrera, en el acceso a la información, a la comunicación y al conocimiento, por lo que los centros que escolaricen alumnado con discapacidad deberían establecer, para quienes así lo soliciten, medidas de flexibilización y/o alternativas en las metodologías de aprendizaje de las materias.
El Plan de Becas y Ayudas al estudio ha de estar al alcance de todos los estudiantes con discapacidad, con independencia del grado y tipo de la misma y se deben adoptar las medidas económicas necesarias para asegurar que ningún alumno o alumna con discapacidad se vean privados, por falta de recursos económicos, del derecho a acceder a una educación inclusiva de calidad.